Puebla enfrenta una crisis hídrica que combina desabasto, sobreexplotación de pozos y altos costos para las familias. Desde hace más de una década, el servicio de agua potable está concesionado a la empresa Agua de Puebla, bajo la figura de Concesiones Integrales cuestionada por diversas irregularidades
por Daniel Flores| Ilustración Minoz | Reporte Indigo |06 de Octubre de 2025 00:04 hs. En Puebla, el servicio del agua pasó de ser un problema vecinal a una emergencia hídrica en toda la entidad. En los últimos años, los habitantes de este estado han denunciado escasez, tarifas excesivas y mala calidad del agua que consumen en sus domicilios.
Un problema que se agudizó con la privatización de este recurso por parte de la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida comercialmente como Agua de Puebla Para Todos, la cual ha sido acusada de aplicar sobrecostos en los recibos, privilegiar el suministro a desarrollos inmobiliarios y dejar en el desamparo a miles de familias poblanas.
En entrevistas por separado, vecinos, académicos, abogados y diputados del Congreso de Puebla abrieron diferentes frentes para que se revoque la concesión a esta empresa particular que, según el título de concesión, tendrá el control del agua hasta el año 2044.
Una de las principales quejas expuestas por diferentes sectores de Puebla es la escasez de agua potable que han sufrido cientos de familias en varias regiones de la entidad, por lo que diversas colonias se han visto obligadas a resignarse a recibir el servicio mediante tandeo.
Servicio irregular y de mala calidad
Graciela Martínez Miranda, presidenta fundadora del Consejo de Colonos del Municipio de Puebla, A.C., ha sido una de las principales defensoras del derecho al agua en Puebla durante las últimas décadas.
Esta lucha que ha encabezado se debe a que, según los datos que ha recopilado en los últimos años, más del 70 por ciento de la población no cuenta con un suministro regular, lo que obliga a miles de familias a sobrevivir con pipas o garrafones cuyo precio oscila entre 60 y 80 pesos.
“El agua es vida, pero aquí se ha convertido en un negocio millonario. Mientras los sectores residenciales pagan tarifas mínimas, los más pobres sostienen el sistema con cuotas elevadas”, asevera Graciela, quien muestra los documentos que han canalizado a las autoridades para exigir un suministro de agua continuo y para todos.
Desde su escritorio, la líder vecinal sostiene que el problema se agravó debido a que se cuenta con infraestructura obsoleta: redes de agua y drenaje con más de 60 años sin mantenimiento, fugas constantes y tuberías deterioradas por la dureza del líquido.
A ello se suma la mala calidad de agua que reciben los colonos, pues de acuerdo con la vecina se ha comprobado que existe un exceso de salitre que ha provocado que el líquido llegue turbio o de color café.
Pese a estas condiciones, los cobros se mantienen altos y los usuarios denuncian que los medidores “miden aire” o que los pagos realizados no se reflejan en los sistemas de la concesionaria.
“Se han presentado oficios y quejas sin respuesta. El Congreso local ha pedido explicaciones a la empresa, pero hasta ahora no hay soluciones”, señaló Martínez Miranda.
Además, recordó que en las oficinas de la concesionaria incluso ha habido personas que han sufrido infartos por la angustia de las deudas acumuladas.
Una concesión ‘en lo oscurito’
A finales de 2012, el gobierno de Rafael Moreno Valle impulsó una reforma para privatizar el agua, pues hasta ese momento existían diversas barreras legales para entregar el agua a empresas particulares.
Un año después —ya con el respaldo del cabildo del Ayuntamiento de Puebla— se concretó una reforma a la Ley de Agua en el Congreso local para permitir que los organismos operadores de los municipios pudieran concesionar el servicio.
Es así como Concesiones Integrales logró hacerse de este título, mediante el cual se estableció la operación del servicio de agua por hasta 30 años, a pesar de que la empresa había sido creada ese mismo año.
Una búsqueda realizada por Reporte Indigo en Sistema Integral de Gestión Registral SIGER —sitio que pertenece a la Secretaría de Economía (SE)— se comprobó que la compañía se constituyó mercantilmente en septiembre de 2014.
Según el Registro Público, el acta constitutiva se llevó a cabo en el estado de Aguascalientes, donde se estableció que dicha empresa tendría como objeto social únicamente la operación de la concesión de agua.
“La prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla, así como en las circunscripciones territoriales específicas”, refiere el acta constitutiva.
Por ello, organizaciones vecinales insisten en que existen bases legales suficientes para retirar la concesión. De acuerdo con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, revocar este título le costaría al erario 10 mil millones de pesos.
Un servicio que, hasta antes del 2014, era administrado por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Este diario solicitó un posicionamiento de este organismo descentralizado, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Desprivatizar el agua, la disputa en el Congreso
La batalla por desprivatizar el agua en Puebla ha seguido tres rutas: la ciudadana, que impulsa la realización de una consulta para conocer la opinión de los habitantes sobre la empresa; la jurídica, mediante diversos recursos legales que buscan evidenciar los vicios en la licitación; y la legislativa, que exige a la empresa rendir cuentas y transparentar los recursos obtenidos durante esta década de concesión.
Desde el Congreso de Puebla, varios legisladores se han sumado a la exigencia de que Concesiones Integrales comparezca en el recinto legislativo para responder a las múltiples quejas ciudadanas sobre el servicio que brinda, así como por los altos costos en los recibos.
Delfina Pozos, diputada local del PRI en Puebla, es una de las legisladoras que con mayor firmeza se ha pronunciado sobre el actuar de este consorcio, al cual acusa de ser omiso ante las demandas ciudadanas y los llamados para que rinda cuentas.
Solo en esta Legislatura, la diputada priista ha presentado ocho iniciativas y 10 puntos de acuerdo en contra de Agua de Puebla, a la que acusa de lucrar con un servicio básico, incumplir con la concesión otorgada y provocar un daño directo a la salud y a la vida de miles de familias.
“Si una concesión no cumple, lo más natural es retirarla. Y si no se retira, debe obligarse a que cumpla, porque los perjudicados son los ciudadanos que no tienen agua”, sostuvo en entrevista con Reporte Indigo.
Pozos detalló que en sus recorridos ha documentado más de 200 colonias sin una sola gota de agua, a pesar de que los recibos llegan puntuales y con cargos elevados.
Una de las quejas más graves es el cobro de 30 por ciento por concepto de saneamiento, mientras que el líquido que llega a las casas está contaminado. “Nos han enviado videos de llaves que sueltan agua sucia, peligrosa para la salud”, acusó.
“Necesitamos una ley que deje establecido que esta concesión sea fiscalizada en serio y que, si no cumple, se retire”.
Entre los hallazgos más graves, expuso que 40 por ciento del agua se pierde en fugas que no son reparadas. Además, existe un negocio paralelo con las pipas, operado por personas ligadas a la concesionaria.
La diputada reprochó la postura del SOAPAP, que en comparecencias ha afirmado que todo funciona “a la perfección”.
Por ello solicitó una auditoría integral al organismo, ya que recibe recursos públicos y, en sus palabras, no ha transparentado el uso de los mismos ni ha atendido a la ciudadanía.
Un problema heredado
Guadalupe Vargas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en el Congreso de Puebla es otra de las diputadas que se ha pronunciado sobre este problema.
En entrevista, la legisladora local fue clara: los grupos parlamentarios del Congreso no pueden permanecer omisos ante el desabasto y la mala calidad del agua en la entidad.
Recordó que en noviembre de 2024 se llevó a cabo la primera comparecencia en la historia de la concesionaria Agua de Puebla para Todos, que desde 2013 opera el suministro hídrico en seis municipios, incluida la capital.
“Es un problema heredado por administraciones anteriores”, señaló la legisladora, quien explicó que en 2012 se modificó la Ley del Agua para permitir la privatización del servicio, pese a tratarse de un derecho humano.
Desde entonces, agregó, se han firmado tres convenios modificatorios sin que se logren resolver los reclamos ciudadanos.
Datos oficiales indican que la producción de agua en la cuenca pasó de 119 millones de metros cúbicos en 2018 a 110 millones en 2024. A esto se suma el encarecimiento de las tarifas, tras ajustes realizados en 2022.
Vargas Vargas advirtió que se debe revisar a detalle el contrato, pues se ha comprobado que se cometieron “vicios de origen”, aunque la empresa se ha defendido con una indemnización millonaria.
En tanto, el Congreso aprobó que la empresa y el Sistema Operador comparezcan cada cuatro meses. Es así que el próximo 15 de octubre se prevé una nueva sesión para evaluar el tercer convenio modificatorio, que establece compromisos en materia de calidad del servicio y saneamiento.
Salud en riesgo
Además de los sobrecostos en las tarifas del agua, los poblanos se enfrentan a otro problema: han comenzado con complicaciones de la salud por beber agua contaminada y de mala calidad, la cual es suministrada por Concesiones Integrales S.A de C.V.
“No existen estudios claros que garanticen que el agua de la red es potable. La mayoría de las familias tiene que comprar garrafones, lo que implica pagar hasta 13 veces más por un derecho humano que debería ser garantizado”, señaló la activista y académica María Eugenia Ochoa García.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2023, Puebla ocupó el cuarto lugar nacional en falta de suministro continuo: apenas 26 por ciento de los hogares recibe agua todos los días, mientras que 74 por ciento depende del tandeo.
Miles de familias poblanas reciben agua contaminada, pese a que pagan una cuota por el servicio. (Foto: Especial)
“Fue un proceso en lo oscurito, sin consulta a la ciudadanía ni a las universidades. Desde el inicio advertimos que el interés de la empresa sería la ganancia, no el bienestar de la gente”, afirmó.
Vecinos consultados de varias colonias populares, afirman que el servicio llega tan solo 15 minutos a la semana, lo que los ha obligado a invertir en tinacos, cisternas y pipas.
La ASA sostiene que la concesionaria incumplió obligaciones clave del título de concesión, como la ampliación de cobertura y la operación plena de las plantas de tratamiento.
Aunque en 2018 se hizo público parte del contrato, los activistas denuncian que no se transparentaron los adendums donde estarían especificadas responsabilidades adicionales.
“La empresa que ganó originalmente no existía, se creó después del fallo. Tenemos estudios jurídicos que prueban la ilegalidad del proceso y que fueron entregados tanto al Congreso como al gobierno estatal. Falta voluntad política para actuar”, cuestionó Maria Eugenia.
Una década de incumplimientos
Para Ana Lluvia García Vilchis, profesora Investigadora de la BUAP, la empresa Agua de Puebla ha significados para los millones de habitantes de Puebla un desastre, pues acumula más de una década de incumplimientos en el saneamiento y suministro, lo que ha generado afectaciones ambientales y de salud en la población.
De acuerdo con evaluaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la concesionaria ha reprobado 11 de 12 revisiones en materia de saneamiento.
Con sus propios datos, la empresa ha reconocido la presencia de más de 20 mil coliformes por cada 100 mililitros de agua, cifra muy por encima de los parámetros permitidos por la normatividad.
Mientras que la Comisión de Derechos Humanos ha invocado el principio precautorio al reconocer, con base en estudios de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública, la vinculación entre esta contaminación y padecimientos graves como anemia, leucemia, enfermedades renales y diversos tipos de cáncer.
“No se trata de externalidades: es un costo que pagan miles de familias cuyos hijos se están enfermando por un servicio que es un derecho humano”, acusó García Vilchis.
Respecto a la posibilidad de revocar la concesión, García Vilchis consideró que la falta de voluntad política ha frenado las acciones: “Desde que se privatizó el servicio con Moreno Valle y Eduardo Rivera, todos los gobiernos han prometido la desprivatización como bandera electoral, pero no lo han cumplido. La empresa está defraudando a más de 500 mil usuarios”.
La colectiva que encabeza ha impulsado una consulta ciudadana para revertir la privatización, aunque enfrenta trabas por la ausencia de una Ley de Participación Ciudadana en Puebla. Hasta ahora han recabado alrededor de 8 mil firmas, cuando el requisito es 30 mil.
Por su parte, la empresa Agua de Puebla se ha mantenido hermética ante los pronunciamientos del gobierno estatal y omiso ante las demandas ciudadanas y de otros sectores que piden la desprivatización de este recurso en el estado.
